¿Mínimo no imponible o ingreso ciudadano universal?

Los impuestos argentinos mantienen un marcado sesgo regresivo por el predominio de los indirectos. Para reponer equidad, hay que pensar fórmulas que a la vez impidan la discrecionalidad.

 Los ingresos tributarios del Estado argentino crecieron aceleradamente en los últimos años, ubicando la presión tributaria entre las más altas de América latina y muy cerca de los países más desarrollados.

Pero, a diferencia de estos últimos, los tributos argentinos mantienen un marcado sesgo regresivo por el predominio de los impuestos indirectos. La recaudación del impuesto a las “ganancias personales” creció, pero el nivel alcanzado sigue bajo en la comparación internacional y el aumento observado proviene mayormente de la falta de ajuste de los pisos contributivos, erosionados por el proceso de alta inflación.

 

Por ello los sindicatos reclaman la actualización del “mínimo no imponible” (MNI) vigente para los salarios de los trabajadores registrados.

Admitiendo la legitimidad y razonabilidad del reclamo, su alcance en términos de equidad contributiva es muy limitado, al dejar de lado otros elementos, como las múltiples exenciones injustificadas (rentas financieras, ganancias de capital), junto con deducciones (ej. “cargas de familia”) y otros créditos fiscales de sesgo regresivo. Por otra parte, los mínimos son distintos según el origen de los ingresos. Además, el complejo entramado de normas dificulta la administración del impuesto y favorece la elusión.

Es erróneo pensar que el MNI sólo favorece a las personas con ingresos más bajos dado que no pagan si sus ingresos son inferiores a ese valor. El MNI es un crédito fiscal que no paga impuestos por considerarse el valor necesario para cubrir un básico de subsistencia. Pero el MNI sólo es aprovechado por quienes ganan por encima del mínimo. En contraste, el Estado no “compensa” la diferencia entre los ingresos propios y ese valor mínimo para quienes ganan por debajo del mismo.

Además, las personas pueden también beneficiarse de otros créditos fiscales y recibir transferencias monetarias de origen fiscal: jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, seguros de desempleo, subsidios de diverso tipo, etc.

Los dos brazos del Estado, el que cobra impuestos y el que paga beneficios, operan en simultáneo pero de forma desintegrada. El resultado es que no se sabe cuál es la “posición neta” final de los contribuyentes/ beneficiarios y, por lo tanto, el efectivo impacto distributivo de la política fiscal.

Lamentablemente, en Argentina continúan pagando impuestos los que menos tienen y persisten injustificadas exenciones junto con interminables “blanqueos” que favorecen a los más ricos. Para distraer sobre los impactos regresivos de estas normas, se siguen manipulando transferencias monetarias selectivas y discrecionales, pasibles de uso clientelar y que no alcanzan al universo de los necesitados, que son quienes además cargan con el mayor peso del impuesto inflacionario.

Por estos y otros motivos, hace tiempo venimos proponiendo reformas estructurales basadas en el reconocimiento de un derecho a percibir un “ingreso ciudadano” universal e incondicional que garantice efectivamente un piso básico de ingresos a toda la población. La garantía de este ingreso ciudadano puede efectivizarse de dos formas. Una, transfiriendo una suma de dinero al cierre de cada ejercicio fiscal a quienes perciben ingresos inferiores al valor del ingreso ciudadano garantizado. Pero de este modo, la compensación llegaría luego de que las personas sufran la insuficiencia de ingresos y sus consecuencias cotidianas.

Un mejor modo es que el fisco pague regularmente el valor del ingreso ciudadano y que el mismo opere como un crédito fiscal efectivo en el impuesto a las ganancias personales. Por supuesto, se debería establecer una escala progresiva en el tributo para que el monto del ingreso ciudadano (u otro nivel superior) no se vea reducido. Así, se podrían eliminar la mayoría de las transferencias en dinero que hoy se hacen discrecionalmente, prevenir la insuficiencia de ingresos, ahorrar costos administrativos y garantizar una operatoria progresiva considerando el “neto” de impuesto y subsidios.

Asimismo, la tendencia creciente a la concentración del capital y de sus rentas exige la inmediata incorporación a la tributación de aquellos ingresos que hoy continúan exentos: rentas financieras, ganancias por compraventa de acciones, dividendos distribuidos, etc. En igual sentido, debería incorporarse un impuesto efectivo a la herencia y donaciones entre vivos que, como lo demuestra Tomás Piketty en su renombrada investigación, es una de las principales causas de la concentración de capital y la trasmisión ampliada de la desigualdad entre generaciones.

Un ingreso ciudadano garantizado par a todas las personas en lugar de los mínimos no imponibles, deducciones y exenciones modificaría de forma progresiva el actual sistema tributario y garantizaría de modo preventivo que todas las personas accedan a un ingreso básico.

Impuestos sobre el capital y sus rentas junto con un impuesto a la herencia mejoraría aún más la progresividad tributaria y serviría para financiar el ingreso ciudadano.

 

 

Clarín 10 de setiembre de 2014